Milei la acusaba de terrorista y de asesinar civiles inocentes, ahora Bullrich decide qué es terrorismo en Argentina

Mientras Milei la acusaba de terrorismo y de asesinar civiles, ahora Bullrich define quién es terrorista al frente del Centro Nacional Antiterrorista. Rudler ya denunció ante la justicia y organismos internacionales que estas estructuras forman parte del terrorismo de Estado.

Redacción – Revista El Comercio – 8 de octubre de 2025

En medio del clima de tensión generado por el espectáculo del Movistar Arena, el gobierno de Javier Milei anunció ayer la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA). Un proyecto promovido por la ministra Patricia Bullrich, quien, recordemos, fue acusada directamente en reiteradas ocasiones como responsable de actos graves de terrorismo por el propio presidente —acusaciones para las cuales existen grabaciones, declaraciones públicas y demandas formales. La paradoja no es menor: aquélla que fue objeto de acusaciones de terrorismo se erige ahora como jefe del instrumento que "combatirá" esa misma amenaza.

Bullrich presentó el decreto presidencial 717/2025, que coloca al CNA bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) acusada de vigilancia ilegal, con el Ministerio de Seguridad como brazo operativo. Se propone articular fuerzas federales, servicios de inteligencia, organismos económicos y migratorios, y coordinar las etapas del “ciclo terrorista” (desde propaganda hasta ejecución). 

Según los discursos oficiales, este centro “cerrará una brecha histórica” en la coordinación estatal frente al terrorismo, integrando información dispersa entre agencias y diseñando protocolos unificados. 

Pero esta estructura no es inocente ni técnica: simboliza una escalada de poder con argumentos antipolíticos y preventivos que pueden derivar en una maquinaria de control interno. Ya hace meses el analista Dr. Alejandro Rudler había promovido denuncias nacionales e internacionales contra figuras del gobierno por conformar lo que llamó una “organización de terrorismo de Estado transnacional”, mostrando pruebas concretas de acciones coordinadas para reprimir disidentes bajo la fachada legal. Esas acusaciones que tienen sustento, dejan una clara señal de que el CNA podría transformarse en la herramienta central de ese esquema.

La creación del CNA ocurre precisamente después del show en el Movistar Arena, un evento cargado de símbolos bélicos y místicos que muchos interpretaron como una preparación preventiva para posibles episodios de violencia política. Es difícil no ver ahí una lógica de anticipación: primero dramatizar posibles peligros graves, luego levantar el órgano que responderá a ellos.

El giro retórico es inconcebible: en muchas ocasiones, Milei había acusado públicamente a Bullrich de terrorisma, de colocar bombas y asesinar civiles inocentes. Ahora la ministra que fue blanco de acusaciones se convierte en la comandante de un órgano que supervisará las acusaciones de terrorismo contra terceros. Esa inversión de roles no solo es cínica, sino peligrosa para los principios del Estado de derecho.

No es un detalle menor que el CNA se apoye en agencias como la Unidad de Información Financiera, Migraciones, organismos aduaneros, y servicios de inteligencia internos y militares. Bajo esa arquitectura, apareciera justificación institucional para monitorear, infiltrar y castigar opositores bajo criterios difusos de “riesgo terrorista”.

El gobierno pretende otorgarle al CNA facultades de revisión normativa, acción preventiva, intervención internacional y coordinación táctica: un poder híbrido entre lo policial, lo judicial y lo político. 

La paradoja central es flagrante: el Estado anuncia un órgano que combate el terrorismo justo cuando sus propios miembros han sido señalados como terroristas por el presidente y por expertos que ya presentaron denuncias ante organismos internacionales. ¿Cómo garantizar que no será usado como instrumento de persecución interna y disciplinamiento ideológico?

Además, cuando se mira el contexto, no es ninguna casualidad: la crisis institucional, el agotamiento social, las protestas y la polarización política abren el espacio para justificar la creación de estructuras de supervisión extraordinarias. Es un paso clásico en las transiciones autoritarias: primero se crea el enemigo interno, luego el aparato especial que lo controla.

Si el CNA se legitima, podrá servir para criminalizar la disidencia, vigilar a periodistas, perseguir opositores y legitimar detenciones preventivas o medidas coercitivas sin debate parlamentario. Nadie debería extrañarse si en poco tiempo aparece un “alerta terrorista interno” contra quienes denuncian corrupción, protesta social o proponen alternativas políticas.

Que Bullrich —acusada públicamente de actos de terrorismo por Milei— sea quien encabece este organigrama refuerza la idea de que hoy en Argentina no se combate el terrorismo, se define quién es terrorista. El CNA no nace para proteger al ciudadano: nace para proteger al poder.

La memoria democrática exige que esta jugada no pase desapercibida. Quienes han denunciado terrorismo de Estado no pueden ser bloqueados por decretos que legitiman la represión preventiva. La crítica dura, la denuncia constante y el escrutinio internacional deben activarse con urgencia.

La pregunta inevitable queda flotando: en este nuevo esquema, ¿será más peligroso el terror real o la forma en que el poder lo definirá?