Crisis en Ecuador Alcanza Niveles Críticos: Violencia, Protestas y Descontento Generalizado
El país vive un brote de inseguridad y convulsión social que pone en jaque al gobierno de Daniel Noboa.
Redacción Revista El Comercio – 14 de septiembre de 2025
Ecuador atraviesa en estos días un momento de crisis multidimensional que parece escalar sin freno. Los ataques armados, los enfrentamientos entre bandas criminales, las protestas ciudadanas y una percepción creciente de abandono institucional se combinan para generar una tensión política y social de alto voltaje. Bajo el mandato de Daniel Noboa, calificado políticamente como centroderecha, se han aplicado medidas drásticas de seguridad, han surgido movimientos de rechazo ciudadano y han aparecido cuestionamientos severos sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Desde hace meses, los niveles de homicidios no dejan de crecer. Entre enero y julio de 2025 se registraron más de 5.500 homicidios, cifra que supera ampliamente los mismos períodos de años anteriores. En Santo Domingo de los Tsáchilas, por ejemplo, un nuevo tiroteo en una sala de billar dejó al menos siete muertos y cuatro heridos. Las autoridades locales lo atribuyen a disputas territoriales entre bandas criminales rivales.
Pero la violencia no es lo único que sacude al país. En Quito y otras ciudades, miles de personas han salido a protestar contra recortes salariales, despidos en el sector público, reducción de políticas sociales (entre ellas derechos de género) y una sensación de que la brecha entre promesas de campaña y la realidad cotidiana se ha agrandado demasiado. Las protestas han sido respondidas con gases lacrimógenos, operación de seguridad reforzada en los centros urbanos y llamados oficiales a la calma, pero el descontento está lejos de disiparse.
La crisis también toca lo político e institucional. El presidente Noboa ha impulsado leyes y decretos que amplían los poderes estatales para enfrentar la criminalidad, algunas de las cuales han sido criticadas por limitar garantías judiciales o derechos ciudadanos. ONG, organizaciones de derechos humanos y medios advierten sobre posibles excesos, abusos de autoridad, y una militarización creciente de acciones que deberían tener control judicial. En paralelo, la popularidad presidencial parece debilitarse en ciertos sectores, no tanto entre quienes apoyan mano dura, sino entre quienes demandan una solución más estructural a los problemas: economía, empleo, seguridad, justicia.
A la interna de la sociedad, ese descontento se traduce en temor: familias que sienten que el Estado ya no les brinda protección, ciudadanos que denuncian inseguridad cotidiana, vidas marcadas por violencia directa o colateral. En lo externo, la imagen internacional de Ecuador se ve afectada, tanto en términos de derechos humanos como en estabilidad macroeconómica.
Por todo esto, sí: la crisis en Ecuador ha escalado a niveles altos. No es ya solo una cuestión de inseguridad aislada, sino un coctel explosivo de violencia, fractura institucional, demandas sociales incumplidas y urgencia de respuestas que hasta ahora no parecen suficientes.