La norma, que ahora debe ser revisada por el Senado, incluye incentivos para la contratación formal y promete mayor previsibilidad para las empresas en la planificación de su crecimiento.

Redacción Revista El Comercio – 20 de febrero de 2026

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionó en la madrugada de hoy el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, tras una extensa sesión en la que el oficialismo logró 135 votos a favor frente a 115 en contra, y decidió eliminar el polémico artículo que modificaba las licencias por enfermedad para viabilizar el avance de la iniciativa parlamentaria.

El texto aprobado mantiene un enfoque orientado a la modernización de las relaciones laborales y contempla medidas que, según representantes del sector productivo, generarán beneficios concretos para la economía y las empresas. Entre los puntos valorados por los dirigentes empresariales se encuentran la reducción de cargas regulatorias, la previsibilidad para la contratación de personal y la creación de incentivos para inversiones productivas, aspectos que consideran claves para dinamizar la formalización del empleo y ampliar la base de puestos registrados.

Diversas cámaras empresarias expresaron su respaldo a la media sanción en Diputados y pidieron al Senado de la Nación un rápido tratamiento del proyecto para convertirlo en ley, resaltando que la reforma facilitará a las compañías planificar su crecimiento con reglas claras y un marco laboral más competitivo en comparación con el anterior esquema. Las organizaciones destacaron, en particular, la baja de contribuciones patronales acordada en parte del texto, lo que —a su juicio— reduce costos y puede estimular la creación de empleo formal en sectores de servicios, industria y comercio.

El presidente de una de las principales cámaras del comercio destacó que la reforma aportará previsibilidad al mercado laboral, permitiendo a las empresas adaptar sus estructuras de contratación a las demandas actuales de la economía. Además, varios referentes del sector productivo señalaron que la inclusión de incentivos para inversiones en actividades estratégicas —como la industrialización rural, la tecnología aplicada a la producción y el desarrollo de cadenas de valor regionales— puede traducirse en un impacto positivo tanto en el empleo como en la competitividad global del país.

Aunque el proyecto debe regresar al Senado para su aprobación definitiva, el avance legislativo de hoy constituye un hito en la agenda de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, con un fuerte foco en reducir la informalidad y brindar mayor certidumbre jurídica y operativa a empresas y trabajadores registrados.